La explosión del edificio de Monteagudo 120 dejó lamentablemente un muerto, daños materiales, personas heridas y decenas de evacuados. Además, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que San Miguel de Tucumán no debería seguir postergando: ¿qué ocurre cuando los organismos que deben planificar, controlar y garantizar el funcionamiento de una ciudad trabajan sin la coordinación necesaria?

Las señales de alerta para el episodio existían desde hace años y no se vieron con la claridad necesaria. En 2018, un relevamiento de la Dirección de Catastro identificó 31 edificios ocupados que carecían del Certificado Final de Obra y del Certificado de Habitabilidad, una situación que implicaba que estaban habitados pese a no reunir todas las condiciones exigidas por la normativa. Entre ellos figuraba el edificio de Monteagudo 120/128, donde ocurrió la reciente explosión. En aquel momento, las autoridades advertían que muchas de esas construcciones funcionaban con instalaciones precarias: medidores de obra para los servicios, baja presión de agua y, en algunos casos, provisión de gas mediante garrafas ubicadas en los pasillos. Ocho años después, el hecho ocurrido en la Monteagudo demuestra que aquellas advertencias no eran una exageración, sino un llamado de atención que merecía respuestas sostenidas en el tiempo.

El problema excede, sin embargo, a un edificio y a una explosión. Hace pocas semanas, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) advirtió sobre la necesidad de no seguir construyendo en sectores de la ciudad sin que antes se realicen las obras de infraestructura necesarias. El argumento es sencillo y debería convertirse en una regla de planificación: lo que no se resuelve antes, suele costar mucho más después.

Durante las últimas décadas se levantaron alrededor de 1.500 edificios en la capital tucumana sin que, paralelamente, se adecuaran en la misma proporción las redes de agua, cloacas y desagües. El resultado de esa falta de previsión comienza a hacerse visible en una ciudad que enfrenta servicios sobrecargados y una infraestructura que no siempre acompaña el crecimiento edilicio.

La historia reciente ofrece otro ejemplo todavía más doloroso. En Manantial Sur se construyeron unas 1.000 viviendas sin que estuvieran listas las redes de servicios indispensables para habitarlas. Las casas, que no podían ser entregadas, quedaron expuestas al vandalismo y terminaron destruidas. Después fue necesario disponer una partida especial para reconstruirlas. La desinteligencia entre organismos tuvo así un costo económico enorme, pero también uno humano imposible de contabilizar: cerca de un millar de familias debieron esperar casi una década para acceder a sus hogares.

Los ejemplos tienen una característica en común: no hay una coordinación en las decisiones y alguien termina pagando las consecuencias.

Planificar no significa impedir el desarrollo. Significa anticiparse. La tragedia de Monteagudo 120 debería servir para comprender que la burocracia, cuando no dialoga, puede transformarse en riesgo; y que la falta de planificación, cuando finalmente se corrige, casi siempre cuesta mucho más. Una ciudad moderna necesita organismos que no solamente actúen, sino que sepan actuar juntos.